El derecho de aguas en Guatemala, lejos de constituir un vacío normativo, representa un sistema jurídico completo, preciso y vigente, anclado en la ley. La correspondiente normativa distingue con nitidez entre los diferentes tipos de aguas y regula sus formas de aprovechamiento, uso, captación, transmisión y servidumbre, todo según los principios del derecho civil clásico y con reconocimiento explícito del derecho de propiedad privada.

¿Hasta dónde llega la titularidad pública sobre las aguas, establecida en el artículo 121 de la Constitución de 1985? ¿Puede una futura ley especial alterar derechos adquiridos legítimamente de acuerdo con el régimen civil vigente? ¿Estamos ante una posible colisión entre la legalidad civil y ciertas aspiraciones de otra naturaleza? Estas son las preguntas en torno a las cuales surge esta reflexión crítica, que invitan a pensar sobre el presente y el futuro del derecho de aguas en Guatemala.

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